Tres fondos de pensiones de Indiana, que poseen cerca de 42 millones de dólares de los 6.900 millones en préstamos garantizados de Chrysler, pidieron hoy al Tribunal Supremo de EEUU que aplace la venta a Fiat.
Los fondos presentaron la solicitud de aplazar el acuerdo ante la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, encargada de estos temas en la Corte de Apelacion.

La magistrada podría actuar de "motu proprio" o enviar el caso al pleno de la Corte, formada por nueve magistrados.

Una decisión de este tipo, en caso de que la petición se elevara al pleno tendría que ser aprobada por cinco de los nueve miembros del Supremo.

Alegan que la venta perjudica injustamente a los accionistas titulares de bonos asegurados (respaldados con activos de la empresa), en favor de quienes tienen acciones no aseguradas.

Además, consideran inconstitucional que, sin la autorización previa del Congreso, Chrysler recibiera 8.000 millones de dólares del Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por su sigla en inglés) que puso en marcha el Gobierno estadounidense.

Si la venta no se cierra antes del 15 de junio, Fiat tiene derecho a suspender la operación, de la que también está pendiente toda la producción de Chrysler, congelada hasta que se conozca el resultado.

El juez federal de bancarrotas encargado del caso, Arthur González, aprobó la venta el pasado domingo, con el argumento de que los fondos no tenían razón para quejarse, ya que recibirían lo que les corresponde de los 2.000 millones de dólares de fondos del TARP que se reservaron para pagar a los accionistas con bonos asegurados.

La cantidad que se les pagará será, según el juez, muy superior a la que recibirían si Chrysler no pudiera salir de la bancarrota y hubiera que liquidarla.


SIga leyendo en: www.eleconomista.es